Nueva Directiva Europea para la Protección del Denunciante

Nueva Directiva Europea para la Protección del Denunciante

¿Qué novedades introduce la Nueva Directiva Europea para la Protección del Denunciante?

El 26 de Noviembre el Diario Oficial de la Unión Europea publicó la nueva Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión denominada oficialmente  Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

Se trata de una Directiva aplicable a determinadas infracciones del Derecho Comunitario. Entre ellas, las relativas a contratación pública, mercados financieros, seguridad sanitaria e intimidad personal. Si bien la Directiva tiene mayor alcance ya que los canales de denuncias deberán aceptar denuncias en casi todos los ámbitos, yendo mucho más allá incluyendo las infracciones en materia de protección del medio ambiente, salud pública, protección de la privacidad y de los datos personales, etc.

¿ A quién se aplica la Nueva Directiva Europea para la Protección del Denunciante?

La Directiva se aplica tanto al sector público como al privado, sin diferencias de aplicación relevantes entre ambos.

¿Qué infracciones deben ser denunciadas?

Podrá ser objeto de denuncia por estos métodos cualquier situación que suponga –o haya fundamentos para creer de forma razonable que supone– una infracción del Derecho de la UE, que puede tener lugar fruto de actos u omisiones.

  • Contratación pública.
  • Servicios financieros.
  • Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  • Seguridad de los productos, nuclear y del transporte; así como de los alimentos, los piensos, la salud y el bienestar de los animales.
  • Protección del medio ambiente.
  • Salud pública.
  • Protección de los consumidores, de los datos personales y de la intimidad, y de seguridad de las redes y los sistemas de información.
  • Libre competencia.
  • Fraude, en la medida que afecte a los intereses financieros de la UE.
  • Mercado interior, respecto al Impuesto sobre Sociedades.

Las empresas y su directivas son las máximas beneficiarias del buen funcionamiento del Canal de Denuncias si bien la Nueva Directiva Europea para la Protección del Denunciante impone a los Estados miembros la obligación de establecer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias aplicables a las personas físicas o jurídicas que impidan o intenten impedir la realización de denuncias (art. 23), pudiendo las empresas y organizaciones en general sufrir sanciones por el mero hecho de no tener los adecuados canales de denuncia.

Canal de denuncias

¿Qué requisitos debe cumplir el Canal de Denuncias?

  • Garantías de confidencialidad
  • Tramitación Diligente
  • Acuse de Recibo
  • Plazos Razonables
  • Personas Imparciales para tramitar las denuncias

¿A qué empresas afecta la Nueva Directiva Europea para la Protección del Denunciante?

Las empresas obligadas a implantar un canal de denuncias son:

  • Las que tengan cincuenta o más empleados.
  • Las que generen un volumen de negocio igual o superior a 10 millones de euros.
  • Las que operen en el ámbito de los servicios financieros o sean vulnerables al blanqueo de capitales o financiación del terrorismo independientemente de su número de empleados o volumen de negocio.
  • En función de su actividad o nivel de riesgo los Estados miembros podrán ampliar esta obligación a otras empresas (pymes).
  • En el sector público, estarán obligadas a observar la directiva europea:
  • El Estado
  • Las Administraciones Regionales
  • Las Administraciones Provinciales
  • Los municipios de más de 10.000 habitantes,
  • Otras entidades de derecho público.

El establecimiento del canal interno será obligatorio para las entidades públicas, pero también para las privadas con 50 o más empleados.

Vemos que la Nueva Directiva Europea para la Protección del Denunciante deja cierta libertad a los Estados miembros, que podrán (o no) dispensar de la creación de dicho canal de denuncias a las municipalidades de menos de 10.000 habitantes y a aquellas entidades públicas que no superen los 50 empleados

¿Qué debe garantizar el canal de denuncias a los denunciantes?

  1. La confidencialidad de denunciante
  2. El acceso a información y asesoramiento integrales e independientes sobre los procedimientos y recursos disponibles en materia de protección contra represalias y los derechos de la persona interesada
  3. El acceso para las autoridades que gestionen un canal de denuncia interno a la asistencia efectiva de las autoridades externas competentes ante cualquier duda o cuestión controvertida
  4. El acceso a la asistencia jurídica penal y a los procedimientos civiles transfronterizos de conformidad con la Directiva (UE) 2016/1919 y la Directiva 2008/52/CE, y el acceso a la asistencia jurídica en ulteriores procedimientos y asesoramiento jurídico o otra asistencia jurídica de conformidad con la legislación nacional.

La mejor protección del denunciante empieza por proteger su identidad.

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¿Por qué medios se podrán presentar denuncias?

Se podrán presentar denuncias por cualquier medio, incluso por medios orales (reuniones, audios, llamadas telefónicas, etc.), con el objetivo de facilitar el acceso.

En Canal Ético Confidencial ofrecemos al denunciante las siguientes vías de acción:

  • Canal ético on line del tipo: https://empresa.canaleticoconfidencial.es utilizando formulario encriptado
  • Canal ético electrónico: canaldedenunciasempresa@canaleticoconfidencial.es atendido exclusivamente por la persona responsable de la gestión de las denuncias
  • Dirección Postal: C/ MATEO INURRIA 11, 28036 – MADRID, donde se podrá dirigir correo o bien acudir presencialmente
  • Teléfono donde se podrá dejar un mensaje grabado o bien entablar conversación con la persona responsable de la gestión de las denuncias
  • FAX

Se establece un catálogo de represalias prohibidas, que incluyen amenazas, despidos, degradaciones, discriminación, daños a la reputación…

la nueva directiva de la Unión Europea establece la necesidad de que se prevean en la normativa sanciones para las personas o entidades que impidan, o que intenten hacerlo, la presentación de denuncias, así como para las que adopten medidas de represalia o promuevan procedimientos temerarios contra los denunciantes. Además, afectará a los que incumplan la obligación de mantener la confidencialidad.

A quién protege la Nueva Directiva Europea para la Protección del Denunciante:

Los denunciantes a los que protege la directiva son los empleados de los sectores público o privado que hayan tenido conocimiento de infracciones en un contexto laboral, ya sean trabajadores por cuenta propia o ajena, en prácticas no remuneradas o cualquier persona que trabaje bajo supervisión.

También podrán formular una denuncia los accionistas, miembros de los órganos de Administración o incluso voluntarios que colaboren con la organización. Además, aquellas personas cuya relación laboral ni siquiera haya comenzado cuando la infracción se haya cometido, por ejemplo, candidatos inmersos en un proceso de selección.

Se proporcionará protección legal a:

  • Aquellas personas que sean consideradas trabajadores en base al artículo 45 TFUE, apartado 1, incluidos funcionarios,
  • Cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores, accionistas y las personas pertenecientes al órgano de administración, gestión o supervisión de la entidad, incluidos los miembros no ejecutivos, así como los voluntarios y los becarios remunerados o no remunerados,
  • Personas cuya que han tenido una relación laboral con la entidad y que ya haya finalizado
  • Personas cuya relación laboral esté por comenzar en los casos en que se haya adquirido información relativa a un incumplimiento durante el proceso de reclutamiento u otra negociación precontractual,
  • A terceras personas que tengan alguna relación con un potencial informante en los casos en que puedan preverse represalias en un contexto laboral, tales como colegas o parientes de la persona informante,
  • A entidades jurídicas propiedad del potencial informante, para la cual trabajan o a la que esté conectado de una u otra forma (artículo 4)

La Directiva solo protege al denunciante si previamente acude a los canales internos de la organización o los externos. Agotados los canales de denuncia internos y/o externos se podrá realizar la denuncia pública.

Se otorga protección a las personas que realicen revelaciones públicas siempre que tenga razones para pensar que:

  • La infracción puede suponer un peligro para el interés público, inminente o manifiesto
  • Existe riesgo de represalias o pocas probabilidades de que se solucione la infracción si se emplean medios externos convencionales.

la nueva directiva de la Unión Europea establece la necesidad de que se prevean en la normativa:

  • sanciones para las personas o entidades que impidan, o que intenten hacerlo, la presentación de denuncias,
  • así como para las que adopten medidas de represalia o promuevan procedimientos temerarios contra los denunciantes.
  • Además, afectará a los que incumplan la obligación de mantener la confidencialidad.

También se preveen sanciones para las denuncias falsas o malintencionadas, artículo 23.2, en el que se indica que los Estados miembros establecerán sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en aquellas denuncias falsas (o divulgaciones públicas falsa) en las que se haya acreditado que se hicieron deliberadamente.

Articulación del Sistema de Denuncias

Se articula un sistema de denuncias a tres niveles, que tienen requisitos diferentes para su utilización y que exigen, de forma ordinaria, el uso de la instancia previa para poder acudir a la siguiente:

1. Divulgaciones internas a los órganos de recepción internos

2. Divulgaciones externas a los organismos competentes (por ejemplo, la autoridad de servicios financieros, de la competencia, o de integridad y buen gobierno, a elección del Estado Miembro)

3. Divulgaciones más amplias a la policía, los medios de comunicación, los miembros del Parlamento y los actores no establecidos legalmente

Se impone la obligatoriedad de garantizar la confidencialidad de la identidad del denunciante tanto en los sistemas de denuncia internos como externos (artículos 9.1.a y 12.1.a) –no así el anonimato, extremo que la norma europea deja al arbitrio de los Estados Miembros (artículo 5.2)–.

La Nueva Directiva Europea para la Protección del Denunciante invierte la carga de la prueba

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para prohibir cualquier forma de represalia, incluidas las amenazas y los intentos de represalia, ya sean directas o indirectas. En este sentido, se invierte la carga de la prueba en caso de que se tomen medidas contra un trabajador con estatus de denunciante, y corresponderá la persona o personas que hayan tomado la medida perjudicial demostrar que esta medida se basa en motivos debidamente justificados y que no están vinculados con la denuncia realizada.

El denunciante no es un “Chivato”, es una persona relacionada con la empresa que está preocupada por el daño que le pueden ocasionar actitudes fraudulentas de ciertos directivos o empleados.

El concepto de Canal de Denuncias es considerado por la UE como una de las herramientas que ayudan a garantizar el uso correcto de los fondos comunitarios, especialmente en los procedimientos de contratación pública.

Canal de denuncias

Las empresas y sus directivas son las máximas beneficiarias del buen funcionamiento del Canal de Denuncias y para ello es esencial la protección eficaz del denunciante.