Directiva Europea de Protección del Denunciante

Publicada la Directiva Europea de Protección del Denunciante

Preguntas y respuestas:

El 26 de Noviembre el Diario Oficial de la Unión Europea publicó la nueva Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión denominada oficialmente  Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

En vigor desde el 17 de diciembre de 2019 por lo que los países de la Unión  Europea deberán transponerla antes del 17 de Diciembre de 2021. A partir de ese momento será obligatoria en españa y por tanto también será obligatorio para muchas empresas y administraciones públicas (ver a qué empresas afecta la Nueva Directiva Europea para la Protección del Denunciante)

Si bien la jurisprudencia del TJUE que una Directiva tendrá un efecto directo si sus disposiciones son incondicionales y suficientemente claras y precisas y cuando el país de la UE no haya transpuesto la Directiva antes del plazo correspondiente. Eso es lo que dice la Van Duyn. Esto puede implicar que la directiva podrá ser invocada ante cualquier tribunal español por cualquier denunciante o «whistleblower», como se les conoce en Europa. Y los jueces tendrán que aplicarla, aunque no haya sido traspuesta al sistema legal de nuestro país en opinión de Josep Jover, presidente de la Asociación Mediterránea de Peritos de las TIC (ASPERTIC), que participó en su elaboración aportando propuestas

La UE, con esta Directiva Europea de Protección del Denunciante quiere proteger a los denunciantes de corrupción y limpiar de vicios el sistema

Un estudio realizado por Comisión Europea en 2017 reveló que la falta de protección de los denunciantes provocaba solo en el campo de la contratación pública unas perdidas en torno a los 8.000.000.000 €

Las autoridades públicas deberán de informar a los ciudadanos del alcance de esta protección a lod denunciantes y también deberán formar a las autoridades públicas sobre cómo deben gestionar las denuncias.

La protección se extiende a los que ayuden a los denunciantes, como facilitadores, compañeros o familiares

El artículo 9.1, apartados b) y f), de la Directiva, reconoce el derecho a un acuse de recibo en el plazo de 7 días desde la recepción de la denuncia y el derecho a recibir una respuesta en un plazo razonable, que no podrá ser superior a 3 meses desde la recepción del acuse.

Esta nueva ley estandariza y regula la protección del denunciante entre los países miembros de la UE, que deben promulgar la directiva para 2021.

Entre otras protecciones nuevas, que han sido muy elogiadas por algunos defensores de los denunciantes, la nueva regla:

  • Permite que los “whistleblower” denuncien irregularidades a autoridades externas.
  • Fomente la presentación de informes al hacer creer en la norma legal aplicable que ocurrió una mala conducta.
  • Solicite a todas las empresas con más de 50 empleados que configuren canales internos de denuncia para la presentación de informes de los empleados.
  • Brindar asistencia legal a los denunciantes que no pueden pagar un abogado.

Tanto el responsable de denuncias del Banco Danske, Howard Wilkinson, como su abogado, Stephen M. Kohn, abogado del denunciante con sede en Washington y presidente del Centro Nacional de Denunciantes, presionaron para obtener protecciones mucho más fuertes en la ley de la UE.

Sin embargo, si bien el Sr. Kohn está satisfecho con la aprobación de esta ley, a diferencia de otros que afirman que las protecciones de la nueva directiva son mejores que las ofrecidas por la ley de los EE. UU., El Sr. Kohn cree que se necesita mucho más trabajo para garantizar la igualdad de protección e incentivos. Para los denunciantes europeos a los que ya existen en los Estados Unidos:

“La Directiva de la UE es un paso en la dirección correcta. Pero las protecciones europeas siguen siendo radicalmente deficientes, y la falta de qui tam o disposiciones de recompensa es un problema importante “.

Canal de denuncias

La Directiva deja a criterio de los Estados la admisión o no de las denuncias anónimas como refleja el Considerando nº 34 que dice que, “sin perjuicio de las obligaciones vigentes de disponer la denuncia anónima en virtud del Derecho de la Unión, debe ser posible para los Estados miembros decidir si se requiere a las entidades jurídicas de los sectores privado y público y a las autoridades competentes que acepten y sigan denuncias anónimas de infracciones que entren en el ámbito de aplicación de la presente Directiva”.

El mejor control y el más democrático es el que pueden realizar millones de ciudadanos si tienen acceso a la información relativa a la gestión de los asuntos públicos y pueden denunciar casos de corrupción o malas prácticas sin temor a sufrir represalias o consecuencias negativas.

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