Los 28 denunciantes de corrupción en diversos casos solicitan a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, una reunión para explicarle su difícil situación y pedirle que dicte una instrucción que los proteja entretanto el Congreso no transponga la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 de la UE llamada Directiva «Whistleblower» que deberá entrar en vigor antes de Diciembre de 2021.
Diversas fuentes opinan que la Directiva entró en vigor en determinados aspectos desde el momento de su publicación por la UE el pasado mes de Diciembre de 2019.
Así por ejemplo la Asociación contra la Corrupción y Defensa de la Acción Pública (ACODAP) ha interpuesto una denuncia contra el Fiscal Jefe Anticorrupción por no aplicarla (ampliar información)
La jurisprudencia del TJUE nos dice que una Directiva tendrá un efecto directo
Justicia ya está elaborando la ley de protección de ‘whistleblowers’, los denunciantes de corrupción
El subsecretario de Justicia, Miguel Bueno, presidió el 17/06/2020 la reunión del Grupo de Trabajo constituido en el seno del Ministerio de Justicia para abordar la trasposición de la directiva europea 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
La Directiva UE de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, es de directa aplicación en cuanto a los derechos fundamentales que recoge.
Ya se invocó por primera vez la Directiva de protección del denunciante de corrupción ante la Audiencia Provincial en el recurso de apelación contra la sentencia del juzgado de lo Penal 3 de esa ciudad, con sede en Talavera de la Reina, que condenó al ex juez decano de esa ciudad, Fernando Presencia, a 7 meses de prisión por un delito de calumnias con publicidad y contra autoridad cometido sobre la persona de Vicente Rouco, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM). (ver la información)
También se invocó por primera vez la Directiva de protección del denunciante ante un Juzgado de Instrucción de España por Josep Jover, abogado del exteniente Luis Gonzalo Segura, que invocó ante la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 5 de Madrid, Carmen Valcarce, la Directiva de protección de los denunciantes de corrupción aprobada por la Unión Europea y que entró en vigor el pasado 17 de diciembre.
Consideran que algunas medidas ya están vigentes en todos los Estados Miembros desde su entrada en vigor el 17 de diciembre de 2019 conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencias Ratti y Van Duyn).
Acodap, ya solicitó en Marzo de 2020 a la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana que su director, Joan Linares, instara al Gobierno a constituir una mesa de negociación interministerial que, con intervención de expertos en la lucha contra la corrupción, estudiara posibles ayudas económicas y de asistencia a los denunciantes represaliados y sus familias.
Primer seguro que protege a la persona que denuncia, whistleblower, a través del Canal de Denuncias Interno de la organización.
Ana Garrido Ramos, alertadora del caso Gürtel; Azahara Peralta, alertadora del caso Acuamed; Carlos Martínez, alertador del caso Servei d’Ocupació de Catalunya; Consuelo del Cid, alertadora del caso centros de menores y bebes robados; Dolores Mesa, alertadora del caso T.G.S.S. Cádiz; Dolores Valls, alertadora del caso Cámara de Castelló; Fernando Presencia, alertador del caso corrupción Judicial de Talavera; Francisco Javier Perejón, alertador del caso Junta de Andalucía; Francisco José Sánchez del Águila Ramón, alertador de la operación HALSA/Terminus; José Francisco Rodríguez Brenes, alertador en el Ayuntamiento de Osuna, Sevilla; Gonzalo Esteban Murillo, alertador caso La Bufona, Ayuntamiento de Arrecife; Gracia Ballesteros, alertadora caso Acuamed; Jesús Ángel Castro, alertador del Ayuntamiento de Benitachell; José Manuel Cantó, alertador caso balsa de fosfoyesos, Huelva; José María Castillejo, alertador caso Pocoyó; José Salmerón Parrilla, alertador caso SAE; Julita Gómez, alertadora caso AMTA; Justo López, alertador Ayuntamiento de Benidorm; Lucía del Carmen Periañez, alertadora caso SAE; Luis Gonzalo Segura; alertador caso corrupción en el Ejército; Maite Morado Iglesias, alertadora del Ayuntamiento de Sabadell; María José Alarcón, alertadora caso Residencias BBService; María Serrano, alertadora caso Seprona; Martín Rodríguez Márquez, alertador caso Servicios Públicos en Cartagena; Robert Martínez, alertador caso residencias BBService; Roberto Macías, alertador caso UGT Andalucía; Sonia Peral, alertadora casos acoso escolar en el sistema educativo; y Teodoro Montes, alertador caso cursos de Formación en Andalucía.
