La responsabilidad penal de la persona jurídica ha supuesto un profundo cambio en el pensamiento jurídico español pero, aún más importante, es el cambio en el pensamiento empresarial.

Los empresarios, de forma casi imperceptible, hemos pasado de tener la responsabilidad social de actuar correctamente y por tanto no cometer delitos, a tener también la responsabilidad de que nadie los cometa en nuestra empresa. Es decir, nos han impuesto una labor de policía con la enorme responsabilidad que ello supone.

La misma norma que nos la impone, nos da una vía de salida, demostrar que hemos hecho todo lo necesario para impedir la comisión de delitos aunque estos finalmente acontezcan.

Es decir “hacer todo lo posible� y “poder demostrarlo� y esto es lo que nos tiene que proporcionar un Plan de Prevención de Delitos.

¿Cómo hacemos todo lo posible? Analizando y “detectando� los delitos que se pueden cometer en la empresa y arbitrando normas de comportamiento para empleados y directivos encaminadas a evitar que estos se produzcan. Estas normas de comportamiento no solo hay que transmitírselas a los empleados y directivos mediante cursos de formación y políticas de comunicación y RRHH sino que también hay que vigilar su cumplimiento. En definitiva formar y vigilar.

Bien pero una vez analizado, diseñado, formado y vigilado, hay que demostrar ante un juzgado que todo esto se “ha hecho� , si finalmente se produjera una imputación. Hay que acreditarlo.

Debemos utilizar sistemas de formación y seguimiento que permitan certificar cada paso que vayamos dando en esta dirección, plataformas de formación que acrediten la formación de empleados y directivos, e-mails certificables, programas de gestión de riesgos de Compliance que permitan

además de gestionarlos de forma ordenada y sistemática, certificar la labor realizada en esta dirección y disponer de un canal ético de denuncias que permita que cualquier miembro de la empresa pueda advertir o denunciar comportamientos inadecuados ya sea entre los directivos o los empleados.

En definitiva, un PPD debe analizar, diseñar, formar, vigilar y acreditar el espíritu de cumplimiento normativo en el seno de la empresa y para que sea plenamente eficaz, debe ser actualizado periódicamente en base a los cambios normativos, tecnológicos o de actividad relacionados con la compañía.