Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social:
Delitos contra la salud pública:
Muchos centros cuentan con equipos deportivos que compiten a diferentes niveles y en diferentes modalidades. Proveer, sin criterio médico sustancias prohibidas a deportistas aficionados para mejorar su rendimiento constituye otro de los delitos en los que pueden verse afectados.
Financiación de partidos políticos:
Realizar pagos a partidos políticos u organizaciones cuyo fin es financiarlo para esperar un trato de favor, es otra práctica en la que centros educativos pueden verse inmerso.
Blanqueo de capitales:
Una de las principales fuentes de financiación sobre todo en universidades y centros privados, son las donaciones de empresas colaboradoras o grupos de antiguos alumnos. Adquirir, poseer, utilizar o transmitir bienes conociendo su origen ilícito, supone uno de los mayores riesgos para estos centros.
Delitos informáticos y delitos de contra la propiedad industrial:
Tras el programa Escuela 2.0, prácticamente la totalidad de los centros educativos cuentan con la ayuda de las TIC para desarrollar sus programas educativos. Además, en los últimos años ha proliferado el nacimiento de universidades y centros de estudios que imparten sus programas en modalidad on-line o semipresencial. El adecuado uso de los software de formación, así como el resto de TIC por parte de todo el personal relacionado con el centro, es crucial para que no se comentan delitos en este sentido y merece especial protección.
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