Francisco Grau Jornet

¿Alguién denunció a Zaplana ante el SEPBLAC? ¿Lo hizo el banco, la notaría, el registro, su abogado?

El Blanqueo de Capitales, un delito que no prescribe?

Ha sido detenido el asesor fiscal de Eduardo Zaplana

La juez del caso Erial decretó prisión incondicional, sin fianza y comunicada a Francisco Grau Jornet, exdirectivo de la Caja de Ahorros del Mediteráneo (CAM) que ejercía de asesor fiscal del expresidente de la Generalitat.

En principio debemos suponer que él no denunció estas operaciones, ya que ha sido detenido, ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias tal y como es preceptivo a los abogados, asesores, notarios, registradores, entidades financieras y demás sujetos obligados.

Detencion de Zaplana por presunto blanqueo de capitales

Las operaciones inmobiliarias que publican los medios de comunicación eran claramente sospechosas

“El ex presidente de la Generalitat Valenciana, acusado de siete delitos, vendió por 2,8 millones de euros un piso de 500 metros cuadrados en el madrileño Paseo de La Castellana para reinvertir estos fondos en un inmueble de 290 metros cuadrados en el barrio de Chamberí, adquirido el pasado marzo por 1,8 millones de euros. Una transacción, adelantada por Vanitatis, para la que no necesitó contratar hipoteca, lo que llamó la atención de los agentes.” fuente 

Además, su hija María Zaplana adquirió en 2017 un piso en Valencia. No pidió hipoteca y manifestó que el dinero provenía de unas “donaciones” de sus padres,valorada entre 1.200.000 y 1.485.000 euros, según el equipo de Idealista Data

¿Alguien comunicó al SEPBLAC – Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España – estas operaciones  sospechosas de blanqueo de capitales?

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo es muy explícita y no deja lugar a dudas.

“Artículo 17 Examen especial

Los sujetos obligados examinarán con especial atención cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, que, por su naturaleza, pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, reseñando por escrito los resultados del examen. En particular, los sujetos obligados examinarán con especial atención toda operación o pauta de comportamiento compleja, inusual o sin un propósito económico o lícito aparente, o que presente indicios de simulación o fraude.” Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Artículo 18 Comunicación por indicio

1. Los sujetos obligados comunicarán, por iniciativa propia, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (en adelante, el Servicio Ejecutivo de la Comisión) cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que, tras el examen especial a que se refiere el artículo precedente, exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

En particular, se comunicarán al Servicio Ejecutivo de la Comisión las operaciones que, en relación con las actividades señaladas en el artículo 1, muestren una falta de correspondencia ostensible con la naturaleza, volumen de actividad o antecedentes operativos de los clientes, siempre que en el examen especial previsto en el artículo precedente no se aprecie justificación económica, profesional o de negocio para la realización de las operaciones.

Los sujetos obligados en función de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo eran al menos su asesor fiscal (detenido en la operación por lo que en principio debemos descartarlo), su abogado (si lo había en estas actuaciones), el notario donde se realizó la escritura de compraventa y el registrador de la propiedad donde se inscribió. Amén del banco que aunque no financiara la operación (se hizo sin hipoteca) gestionaría el pago (salvo que se hiciera en efectivo, 1,8 millones de euros).

Podemos pensar que el verdadero detonante de la operación debió ser la denuncia de al menos uno de estos sujetos obligados.

Quizá los delitos por los que se le investiga, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir, grupo criminal y delito fiscal puedan estar prescritos ya que la instructora vincula a Zaplana con un desvío de fondos realizado hace 12 años, excepto el de Blanqueo de Capitales que, como afirma Hector Paricio en su conferencia sobre Sobre Las Obligaciones De Los Abogados En PBC,  no prescriben en tanto se estén moviendo estos capitales. La compra de inmuebles, que pudo (y debió) ser denunciada al SEPBLAC por el banco, la notaría o el registro de la propiedad pudo ser el acto que permitió a la UCO detener a los investigados.

El auto de la jueza de Instrucción 8 desvela que las mercantiles Turnis Sylvatica, Medlevante y Gesdesarrollos Integrales, dos de ellas administradas por Barceló Llorens, habrían sido utilizadas presuntamente para blanquear los 6,4 millones de dinero negro acumulados en Luxemburgo por Zaplana.

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