El Consejo General de la Abogacía Española ha enviado una misiva pidiendo la paralización de la actividad judicial en las zonas del riesgo por la epidemia del coronavius. Así, la Abogacía hace pública su disconformidad con las decisiones tomadas hasta el momento por el Poder Judicial.

Las siete medidas inmediatas que la Abogacía Reclama al Poder Judicial

  1. La suspensión de cualquier acto judicial colectivo en las zonas de riesgo (Madrid, La Rioja, Vitoria y las que pudieran declararse en los próximos días), salvo los que sean de urgente necesidad por afectar a los derechos fundamentales tal y como están recogidos en el protocolo hecho público ayer por el CGPJ. El órgano de gobierno de los jueces no puede dejar esta decisión a criterio de cada uno de los jueces ni demorar su aplicación a una cadena de autorizaciones. Asimismo, la paralización de los plazos procesales en condiciones análogas a las que se producen durante los meses de agosto en todos los órdenes jurisdiccionales y con las mismas excepciones contempladas durante el periodo vacacional anual. La medida deberá prolongarse durante el mismo periodo en que lo hagan las restricciones sanitarias en términos generales (cierre de centros de docencia, fomento del teletrabajo, etc) y extenderse en la misma duración.
  2. La extensión de la paralización de los plazos procesales a la presentación de recursos administrativos ante cualquier administración pública en las zonas declaradas de riesgo.
  3. La ralentización de la actividad de los juzgados del resto del territorio nacional,posponiendo los actos colectivos y acompasando la actividad a la merma de las plantillas y a la disponibilidad por parte de los abogados, así como la suspensión de señalamientos cuando alguno de los letrados se vea implicado en una situación de aislamiento por un posible caso de contagio aunque todavía no se conozca el resultado del test de presencia vírica. Igualmente, ordenar la suspensión cuando alguno de los abogados involucrados pertenezca a alguno de los grupos de riesgo: embarazadas, personas con enfermedades graves, insuficiencias cardíacas severas, diabetes, etc.
  4. La supresión del requisito de vestir toga en cualquier acto procesal en que ésta fuese requerida. Una vía de transmisión tan directa no puede quedar al albur de recomendaciones genéricas.
  5. Medidas preventivas: En relación con el Turno de Oficio: la obligatoriedad de que las Administraciones Públicas con competencias en materia de Justicia provean las fórmulas para limitar el contacto de los abogados de oficio con sus clientes y, en el caso de ser imprescindible, se les dote de todo el material profiláctico recomendado para el personal de las fuerzas de seguridad y de los juzgados y se respeten las distancia de seguridad, habilitando para ello salas más amplias y prohibiendo la atención en calabozos. El personal de los diferentes cuerpos policiales deberá adaptar la asistencia entrada al detenido y el asesoramiento a las víctimas de la violencia de género a las especiales circunstancias en que nos encontramos, buscando fórmulas telemáticas para materializar el servicio.
  6. Medidas sanitarias: Asimismo, en términos más amplios, instamos a los Ministerios de Justicia e Interior a fin de que, en las intervenciones de los letrados y letradas, tanto ante organismos judiciales como policiales o dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, se exija y se vele por la seguridad en la salud de dichos profesionales, siéndoles de aplicación las cautelas que se recomienden por las autoridades sanitarias a los funcionarios públicos en el desempeño de las actuaciones de que trate.
  7. Supresión de la atención presencial en los Servicios de Orientación Jurídica y su sustitución por atención telemática.

Las siete medidas inmediatas que la Abogacía Reclama al Poder Judicial

Si bien el malestar es generalizado.

Las principales asociaciones de jueces y de fiscales han querido dejar claro que no están de acuerdo con la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de evitar suspender los señalamientos judiciales y dejar la decisión en manos del juez, que en todo caso precisarían de autorización previa de instancias superiores.

Se plantea la posibilidad de aplicar el artículo 21 de la ley de Riesgos Laborales

En la que se establece que los trabajadores tendrán “derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando consideren que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud”.

Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, La Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, han emitido un comunicado en el que consideran que el acuerdo del CGPJ adoptado este miércoles en la Comisión Permanente “supone un elemento de distorsión y confusión a la hora de adoptar las medidas precisas en una situación de contención reforzada como la que vive el país”.

Según las disposiciones del CGPJ, cualquier cierre o suspensión por razones sanitarias tendrá que adoptarse por el juez, y se ejecutará de forma inmediata pero obteniendo siempre la previa autorización del presidente del tribunal correspondiente, si bien después cada caso obtendrá la posterior ratificación de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces.

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